Más allá del debate político, el decreto publicado el 2 de junio de 2026 redefine aspectos clave del modelo de elección judicial, la integración de órganos de evaluación, las atribuciones del INE, los mecanismos de selección de candidaturas y el calendario que regirá la renovación de jueces y magistrados en los próximos años.

Para las empresas de sectores estratégicos y altamente regulados, comprender estos cambios es fundamental para anticipar el entorno institucional, regulatorio y de certeza jurídica que acompañará la toma de decisiones, la defensa de intereses legítimos y la resolución de controversias.

En este análisis identificamos los principales cambios constitucionales, sus implicaciones institucionales y la agenda de monitoreo que deberán seguir las organizaciones de cara a 2028.

Conozca qué cambia, qué permanece y cuáles son los próximos hitos que marcarán la implementación de la reforma judicial en México, en el análisis estratégico que compartimos aquí.