El día de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, firmado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como por las titulares de las secretarías de Bienestar y de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ariadna Montiel Reyes y Raquel Buenrostro Sánchez, respectivamente, y por los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Economía, Edgar Amador Zamora y Marcelo Ebrard Casaubon.
Este Reglamento tiene como objetivo establecer las disposiciones que permitan el cumplimiento oportuno y estricto de la Ley en materia de contrataciones públicas. El nuevo marco normativo se integra por tres capítulos, 197 artículos y 10 disposiciones transitorias, lo que refleja un nivel de detalle y alcance que tendrá efectos directos en los procesos de planeación, contratación, ejecución y supervisión de los contratos gubernamentales.
Para las empresas que participan o buscan participar como proveedoras del gobierno, este Reglamento introduce nuevas reglas operativas, mayores exigencias de cumplimiento, ajustes en los procedimientos de contratación y cambios en los esquemas de control, transparencia y responsabilidades, con impactos relevantes en sectores estratégicos como salud, medicamentos, insumos médicos y servicios especializados. Su correcta interpretación y aplicación será determinante para mitigar riesgos legales, administrativos y reputacionales, así como para mantener la elegibilidad y competitividad en los procesos de contratación pública.
¿Qué cambios introduce el nuevo Reglamento?
¿Cuáles son sus principales implicaciones prácticas?
¿Qué efectos tendrá en las compras públicas del sector salud y en la cadena de suministro de medicamentos e insumos?
👉 Le invitamos a consultar el Análisis Técnico del Reglamento, elaborado por nuestro equipo especializado en cumplimiento regulatorio y contratación pública, donde desglosamos los cambios clave, sus implicaciones operativas y los riesgos y oportunidades para las empresas proveedoras del Estado.
