Hace diez años, México concretó una de las transformaciones jurídicas e institucionales más importantes de su historia reciente: la entrada en operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Implementar la reforma constitucional de 2008 representó un desafío sin precedentes. No se trataba únicamente de modificar leyes o construir salas de audiencia; implicaba transformar la manera de entender y ejercer la justicia penal. Fue necesario redefinir funciones, capacitar a miles de operadores, incorporar nuevas herramientas para la investigación criminal y colocar en el centro del sistema a los derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso y la contradicción.

La primera generación de esta reforma estuvo enfocada en construir las bases normativas e institucionales que permitieran hacer realidad el nuevo modelo: crear reglas, capacitar operadores, instalar salas de audiencia y adaptar instituciones. Sin embargo, la experiencia de estos diez años también nos ha enseñado que la oralidad, por sí sola, no garantiza investigaciones eficaces, decisiones ministeriales sólidas, atención digna a las víctimas ni una coordinación interinstitucional efectiva.

Asimismo, han quedado pendientes reformas medulares que resultan indispensables para la consolidación del sistema, entre ellas la actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales, la eventual emisión de un Código Penal Único, el desarrollo de protocolos sustantivos de aplicación nacional para la investigación criminal, la incorporación de nuevos sujetos procesales que contribuyan a una mejor valoración probatoria de los hechos delictivos y, de manera fundamental, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia mediante una mayor especialización de sus funciones.

Hoy el reto es distinto. La segunda generación del sistema debe orientarse a fortalecer las capacidades operativas y científicas de las instituciones; consolidar fiscalías más eficaces, rediseñar procesos, incorporar inteligencia en la investigación criminal, profesionalizar por competencias a los operadores, modernizar las capacidades de investigación y aprovechar la tecnología interoperable y la inteligencia artificial bajo controles jurídicos adecuados.

La evaluación de esta primera década deja una lección clara: contamos con un modelo constitucional avanzado, pero aún enfrentamos el desafío de erradicar prácticas heredadas, fragmentadas y burocráticas que limitan su potencial. La carpeta de investigación continúa siendo, en múltiples casos, un expediente acumulativo y no un instrumento estratégico para la construcción de casos y la búsqueda de la verdad.

A diez años de distancia, podemos afirmar que la implementación del Sistema Penal Acusatorio fue un punto de partida, no un punto de llegada. El compromiso de esta generación debe ser consolidar una justicia más eficaz, más profesional, más científica y más cercana a las necesidades de las víctimas y de la sociedad mexicana.

Del archivo histórico te invito a consultar la 🔗entrevista para Eje Central, en agosto de 20217.